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lunes, 29 de noviembre de 2010

El Gobierno investigará delitos económicos de la dictadura

29-11-2010 /  La unidad dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos y su creación se formalizó hoy a través del Boletín Oficial. Se encargará de recopilar información referida a los delitos de lesa humanidad que se cometieron desde el ‘76 hasta el ’83 por "motivación económica".

El Gobierno argentino formalizó la creación de una oficina destinada a investigar los delitos económicos cometidos durante la última dictadura, ocurrida entre 1976 y 1983. La medida fue dispuesta a través de una resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial, y el organismo dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos.
Según la resolución 3216/2010, la intención de esta "unidad especial" es investigar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura militar en la Argentina por "motivación económica".
Esta oficina dependerá de la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que conduce Julio Alak.
"Tiene entre sus objetivos el de entender, a través del Archivo Nacional de la Memoria en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico militar que asoló a la República entre 1976 y 1983", explicó la resolución.
Asimismo, se supo que esta oficina creará un registro de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica y coordinar las acciones con los organismos competentes del Poder Judicial de la Nación y del Poder Público Fiscal y otras áreas incumbentes de este Ministerio.

Se reanuda este lunes el juicio oral contra Patti y Bignone

El TOF 1 de San Martín continuará escuchando declaraciones testimoniales, en el proceso en el que son juzgados, entre otros, el ex comisario y el ex presidente de facto. Se investigan crímenes de lesa humanidad en perjuicio de diez víctimas.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 retomará este lunes el juicio oral que se le sigue al ex comisario de la Policía bonaerense Luis Patti y al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Durante la audiencia está previsto que continúen las testimoniales. Los citados para este lunes fueron convocados para declarar en el marco de la desaparición y asesinato del ex diputado provincial Diego Muñiz Barreto, ocurrida en 1977.
Cabe recordar que el tribunal, integrado por los los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain, incorporó al proceso al imputado Martín Rodríguez, quien se desempeñara como oficial de inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército, en Campo de Mayo.
Además de Patti, Bignone y Rodríguez, en el proceso se encuentran imputados Santiago Omar Riveros (que se desempeñó como  Comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77) y Juan Fernando Meneghini (quien en el período 1976/1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1ra. de la localidad de Escobar).
Intervienen como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel Goncalves y Gastón Goncalves , Juana Muñiz Barreto y María Isabel D'Amico.







Nuevo fallo ordena a obra social cubrir la totalidad de un tratamiento de fertilización asistida

Lo dispuso la Cámara Federal de Mar del Plata, ante un amparo presentado por una pareja. También dispuso la preservación de los embriones no implantados, como medida para garantizar el derecho a la vida de las personas por nacer.
 



La Cámara Federal de Mar del Plata aceptó una acción de amparo y le ordenó a una obra social que cubra la totalidad de un tratamiento de fecundación asistida a una pareja que no podía concebir por métodos naturales, aunque indicó que, para preservar el derecho a la vida de los embriones no implantados en el útero, se los debe guardar a través del método de la crioconservación.
Para los jueces, la obra social debe cubrir el costo del tratamiento de fecundación asistida (ICSI) porque “el hecho que la prestación no se encuentre contemplada en el Programa Médico Obligatorio (PMO) no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud, habida cuenta que los derechos que los amparistas estiman vulnerados son ‘derechos humanos que trascienden el derecho positivo vigente’”.
Sin embargo, los camaristas advirtieron que “en relación al tratamiento prescripto por los médicos tratantes es necesario analizar una cuestión fundamental: si el tratamiento necesariamente al descartar embriones vulnera el derecho a la vida de las personas por nacer”.
En ese sentido, indicaron que “la Convención de los Derechos del Niño así como los demás tratados internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por el Estado argentino otorgan protección a la vida humana desde el momento mismo de la concepción”.
“Debemos ocuparnos entonces del destino que habrá de otorgarles a los embriones supernumerarios o no transferidos resultantes de esta práctica”, agregaron.
Para los magistrados, “permitir el ‘descarte’ de embriones vulnera el derecho a la vida de los mismos, y su ‘utilización en el campo experimental’ conlleva un atropello contra la dignidad de la persona humana”.
“No vislumbro hasta el momento otra alternativa más favorable en orden a su protección que la técnica de la crioconservación de aquellos embriones que puedan resultar sobrantes”, expresó el juez Alejandro Tazza en el voto mayoritario.
Por tal razón, se ordenó la cobertura total del tratamiento por parte de la obra social, y la “inmediata crioconservación de los embriones restantes”.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Reforma o ruptura: no hay salida progresista a la crisis

Aquí les traigo una publicación de la revista Rebelión de España, y me llama la atención sus rasgos de izquierda. Celebro esta postura; de todos modos dejo a su consideración. Cordial Saludo Amigote

Toda organización de izquierdas que se precie tiene como objetivo una salida progresista a la crisis. IU ha sostenido en su propaganda y en sus documentos que hay una salida progresista a la crisis. La última declaración conjunta de CCOO y UGT de análisis y propuestas tras la huelga general es un compendio de medidas progresistas para enfrentar la crisis, con un título expresivo: “Recuperar derechos y defender el estado social”. Hasta el gobierno del PSOE, antes de quitarse la careta en mayo, hablaba de una política para remontar la crisis sin regresión del Estado del bienestar.

En este afán no hay nada de sorprendente: es lo menos que puede decirse en una situación tan desoladora, donde los ataques a las condiciones de vida de la inmensa mayoría son continuos. Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios para aclarar lo que entiendo por eso de “la salida progresista a la crisis” y la coherencia política y económica que tal demanda lleva consigo. Mi propósito es demostrar que no hay salida progresista sino únicamente un futuro traumático, convulso, propenso a conmociones. Esto para la izquierda implica prepararse para cambios sustantivos que no sólo han de romper con los dogmas neoliberales sino también con la lógica del capitalismo.

Algunos criterios para la salida progresista

Una salida progresista debería ocuparse, en primer lugar, de amortiguar los daños más dolorosos y desgarradores de la crisis, y entre ellos destaca el paro. Pero justamente esta crisis es sinónimo de paro, por lo que éste no puede tener remedio al margen de la resolución de la propia crisis. Sólo una medida exógena, de carácter político, tendría efectos notables sobre el paro. Sin embargo, paradójicamente, en las propuestas de salida progresista de la crisis no se encuentra. Me refiero a una medida como la reducción drástica de la jornada laboral que, con todas las dificultades de aplicación y efectos desiguales por sectores y actividades económicos, implicaría nuevos puestos de trabajo. En buena lógica, el lema “trabajar menos para trabajar todos” adquiere en estos momentos de paro masivo y perspectivas oscuras su máxima vigencia, tanto más cuanto que la cuestión salarial que se liga siempre con la reducción de jornada está disipándose con la reducción de los salarios, como en el caso directo y contundente de los funcionarios. Es el momento de hablar de salarios y jornada en todos los ámbitos del debate y la negociación. Y resulta extraño que una reivindicación histórica como las 35 horas semanales haya desaparecido justo cuando más necesaria es y más inexorable parece.

La protección a los parados es, sin discusión, un aspecto ineludible de toda salida progresista. Nadie puede estar condenado al desempleo y al mismo tiempo a no disponer de unos ingresos mínimos para hacer frente a las necesidades vitales esenciales. Las prestaciones por paro se agotan y las subvenciones no están garantizadas. He aquí un terreno donde el combate está más que legitimado y donde se contará con amplias bases para la lucha, pues son y serán millones los afectados, que por necesidad estarán dispuestos a ella si se les proporciona los cauces organizativos adecuados.

Por la naturaleza de la crisis en nuestro país, el impago de las hipotecas está llevando a cientos de miles de familias al deshaucio. No puede ser. Toda salida progresista debe incluir propuestas de acción para impedir los desahucios. Y, asimismo, la crisis inmobiliaria, fruto de tantos desmanes y explotación, ha puesto sobre el tapete la exigencia de revisión de la naturaleza jurídica de los préstamos hipotecario que, como créditos personales, ahora impiden liberar a los atrapados de sus cargas y los ligan casi de por vida a ellas, a veces hasta a sus herederos y eso después de haber perdido la propiedad de sus viviendas.

En positivo, una salida progresista implica reforzar las funciones redistributivas del sector público y de atención a los servicios públicos, con las pensiones y las prestaciones a los parados a la cabeza, en el caso de las primeras, y la sanidad y la enseñanza, en el caso de la segundas. Otras muchas reivindicaciones pueden levantarse, como pueden ser los gastos para atender las discapacidades de todo tipo y las situaciones de dependencia, al punto de que, siendo tan raquítico el Estado del bienestar en nuestro país en comparación con los países más avanzados de Europa, medido por el porcentaje de los gastos sociales públicos en relación con el PIB, el terreno para avanzar es enorme y podría constituir un campo idóneo para fomentar el progresismo de la salida a la crisis.

El mundo laboral lleva muchos años degradado y su descomposición se ha agravado con la crisis. La última reforma laboral ha supuesto una bomba muy destructiva de las relaciones laborales, aparte de sus consecuencias en las facilidades y abaratamiento del despido. La enorme precariedad constituye un terreno abonado para toda ofensiva contra los trabajadores y es necesario acabar con ella como condición indispensable para recomponer la fuerza y capacidad de negociación de los trabajadores y los sindicatos. Los salarios se reducen a ojos vistas y, además de fomentar una creciente desigualdad social, son un factor que está profundizando la depresión económica. Este es otro campo, todo lo relacionado con los derechos y las condiciones laborales, en que la salida progresista tiene tajo en que ocuparse.

No se escapa a nadie que todo intento de hacer una sociedad menos desigual y mejor atendida en sus servicios básicos pasa por procurarse un sistema fiscal más justo, con más poder recaudatorio y donde se combata el fraude. La regresión sufrida por el sistema fiscal español es notoria: de ahí que toda salida progresista tenga en la fiscalidad un filón inexplorado para ahondar.

Como la crisis ha puesto de manifiesto, habrá que ampliar las posibilidades de intervención y regulación del Estado para impedir que en el futuro sucedan acontecimientos equivalentes a los que se sufren ahora. Surge así la necesidad, cuando se plantea la salida progresista, de impulsar una banca pública capaz de atender las necesidades de financiación de empresas y actividades viables, liberándolas de las garras del sistema bancario privado, que debe someterse a controles y restricciones que eviten crisis financieras como la actual. El tema de las nacionalizaciones de aquellos sectores que por su papel estratégico en el funcionamiento de la economía están en condiciones de chantajear al Estado y a la sociedad no puede estar ausente de toda salida progresista, y el sistema financiero ocupa un lugar preeminente a este respecto.

Cabría añadir que la sociedad en su conjunto debería adquirir los instrumentos y los resortes necesarios para poder instrumentar una política económica e impulsar un modelo económico distinto del que ha dejado descarnadamente al descubierto esta crisis.

En suma, una salida progresista a la crisis es aquella que permitiría mejorar el estado del bienestar, fortalecer los derechos laborales y la capacidad de negociación de los trabajadores, reducir las desigualdades económicas y sociales, y potenciar los recursos e instrumentos del Estado para conducir a la sociedad por derroteros distintos de los que nos han conducido a esta crisis pavorosa.

Todo lo anterior rezuma sensatez y, con los matices y añadidos que se crean necesarios para afrontar otros aspectos de la crisis o corregir otros daños graves colaterales de la situación -como son los de la sostenibilidad ecológica o la regresión en la igualdad y liberación de la mujer, la necesidad de acotar la desaforada especulación financiera con algún impuesto, la exigencia de combatir los paraísos fiscales de manera contundente- se tendrían los criterios fundamentales para pergeñar un programa ampliamente compartido por toda la izquierda. Ningún debate sobre todo esto está cerrado pero, en general, puede lograrse un acuerdo sobre las líneas básicas de las reivindicaciones a proponer y los objetivos por los que luchar.

Sobre la coherencia política.

Sí, y digo luchar, entrando en lo que es esencial en este asunto de la salida progresista. Sin tener que exaltar principios ideológicos conocidos y experimentados, y sin tener que esforzarse en resaltar cómo la crisis está exacerbando las tensiones sociales, toda la izquierda estará de acuerdo en que serán la lucha y sus resultados los que determinarán el progresismo con el que se pueda resolver la crisis. Tanto es así que cabría establecer una relación bastante estrecha entre el grado de progresismo con que se quiere resolver la crisis y el precio en términos de lucha que costaría, la factura de organización y movilización que hay que pagar. Para muchos avances, mucha lucha. Para cosas modestas, menos, pero también bastante lucha, porque en ausencia de ésta, dada la relación actual de fuerza entre las clases y los vientos desencadenados, se producirán retrocesos. La lucha, pues, para resistir o para avanzar, es el complemento imprescindible de toda oferta política que se haga sobre la salida progresista a la crisis.

Todos los llamamientos, las propuestas, la propaganda que se haga sobre la salida progresista, si no van acompañadas de un proyecto político de cómo reforzar ideológica y organizativamente a la izquierda, de cómo unirla y hacerla confluir, son un brindis al sol.

Surge muchas veces una competición entre la fuerzas de la izquierda por radicalizar sus propuestas para salir de la crisis, al punto de que se pierde de vista que las batallas políticas no se ganan sobre el papel sino sobre la realidad social. Una guerra virtual programática es ridícula cuando los objetivos que se proponen son inalcanzables y se olvidan las palancas para ejercer la fuerza que los hagan posibles. Cabe entender el radicalismo como un aspecto necesario de la propaganda, e incluso de la agitación, para expresar el proyecto social que cada fuerza política tiene y la distingue de las demás, pero hay que evitar utilizar los programas como armas arrojadizas para dividir artificialmente a la izquierda cuando tanto terreno ideológico y material nos ha sido arrebatado por la derecha. Unas pinceladas sobre la revolución, el socialismo, el socialismo libertario… bastan para entender el ideario de las fuerzas políticas pero no conviene construir la sociedad del futuro con un radicalismo verbal inútil, surgido de la impaciencia y con base en la imaginación.

Sobre la realidad económica

Y, en efecto, no acaban aquí los problemas relacionados con la salida progresista a la crisis. Es preciso comprender la realidad económica de nuestro país, inserto en la globalización capitalista, abierto de par en par, sin frontera alguna protectora y con un Estado sin resortes ni instrumentos para imponer una política económica propia, tras las importantes cesiones de soberanía que tuvieron lugar con la integración en el euro. Hay que destacar su debilidad competitiva por factores históricos y recientes. Los problemas acumulados -endeudamiento de todos los agentes económicos y déficit público descontrolado-; el contexto en que ha de resolverse la crisis -una crisis financiera internacional no resuelta y pendiente de nuevas sacudidas, una Europa desgarrada, una moneda única insostenible por los desequilibrios que ha causado-; las presiones existentes -de los mercados financieros, las instituciones internacionales y los gobiernos ajenos preocupados por la inestabilidad que se puede transmitir y los agujeros financieros que puede originar un país como el nuestro, relevante por su dimensión a escala europea-; un sistema crediticio en convulsión y con problemas de solvencia y liquidez casi irresolubles; una economía que ha sufrido un estallido inmobiliario. En fin, un caso claro de siniestro total.

Este conjunto de hechos condiciona de tal modo y restringe de manera tan acusada las posibilidades de afrontar la crisis que ésta ha dejado de ser una cuestión interna, aséptica y pura de lucha de clases en nuestra sociedad para convertirse en un verdadero atolladero de carácter histórico.

Hay que reconocer que la creación de situaciones como ésta, inmanejables y con contradicciones graves cualquiera que sea la opción que se adopte, es una de las victorias del neoliberalismo: haber maniatado a los países, dejándolos inermes y conduciéndolos a un callejón sin salida, donde la alternativa en apariencia menos traumática y más lógica es seguir aplicando el dogmatismo neoliberal. Eso sí, en dosis crecientes. Se ha creado un orden, desorden queremos decir, en el que muchas veces la lucha deja de tener sentido porque las mejoras que puedan conseguirse llevan aparejados efectos tan contraproducente que las hacen discutibles. Las mejoras salariales implican pérdidas de competitividad que, en economías sin protección alguna, implican pérdidas de empleo. Mejoras de los gastos sociales aumentan el déficit público, lo que ocasiona desconfianza de los mercados y subidas de los tipos de interés a satisfacer con perjuicios de todo tipo. Avance fiscales progresistas inducen a salidas de capitales que estremecen a las instituciones crediticias y los Gobiernos. Los ejemplos pueden extenderse, al punto de que realmente estamos en un “impasse”, que aprovecha a fondo la derecha.

El necesario afirmar, y está en la conclusión que pretendo destacar, que, en la actualidad y con los problemas vigentes, en el marco de la globalización neoliberal y en el contexto de la unión monetaria, no hay salida progresista a la crisis. El giro emprendido por el Gobierno Zapatero no se debe a su perversidad, sino a la imposibilidad de preservar el Estado de bienestar existente en el marco y las condiciones actuales. Reconocido lo cual, no le exime de responsabilidades en cuanto a la situación generada, la confusión creada, los engaños cometidos y las falsas respuestas a los problemas surgidos, como la última reforma laboral, tan inútil para crear empleo como destructiva para los derechos laborales.

La hora de la verdad

Una afirmación tan rotunda requiere de una aclaración inmediata: decir que no hay salida progresista no es lo mismo que decir que las cosas deben continuar como están. La crisis tiene tal naturaleza y tales raíces que no es posible diseñar una política que la supere, pero siempre hay márgenes para introducir cambios que, sin ser solución, mejoren muchos aspectos de una situación social y económica tan degradada. Cabe combatir el fraude fiscal, caben reformas fiscales que mejoren la progresividad del sistema, caben subidas de pensiones mínimas, caben muchos cambios que, sin modificar el fondo de la situación, la harían menos angustiosa para muchos. De ahí, la necesidad de la lucha a la que hemos hecho referencia.

Sin embargo el fondo de la cuestión es irresoluble. El país está en una posición de quiebra. Aparte de las deudas que las instituciones públicas y los sectores privados tienen, desde las modestas economías domésticas hipotecadas hasta ayuntamientos como el de Madrid, la economía española con respecto al exterior mantiene una posición deudora tan brutal que simplemente no es ni sostenible ni pagable. Recuerda al veredicto al que se dio al Tercer Mundo cuando se llegó a la conclusión de que los países no podían hacer frente a las cargas de su deuda externa y terminaron en las garras del FMI y sus planes de ajuste estructural. Igual ocurre ahora a nuestro país, sólo que en una dimensión disparatada, propia de la hipertrofia financiera que han sufrido el capitalismo y, en particular, los países del euro, que creían haber descubierto un medio taumatúrgico para endeudarse indefinidamente. Todos los días hay que afirmar que España no es Grecia o Irlanda, ambos países ya bajo la tutela del FMI, que tampoco es Portugal… Mientras, la situación se va degradando, mostrando cada vez más descarnadamente que es imposible evitar una debacle financiera. No pasará mucho tiempo antes de que cualquier acontecimiento prenda la chispa que haga explotar el depósito sobrecargado de la deuda externa.

Es preciso comprender, pues, que la sociedad española está abocada a sufrir una catástrofe económica de muy gravísimas consecuencias. El cerco se está cerrando, el tiempo se acorta y los problemas se agravan. Por acotar plazos, puede decirse que el tsunami ya se ha desatado y lo único que queda por saber es el tiempo que tardará en llegar a la costa, la altura de las olas y cuáles serán sus efectos destructivos. El desastre está garantizado, sólo falta saber la envergadura que tendrá y los caminos por los que se recompondrá la sociedad española. Incógnitas hay muchas y las alternativas las determinarán de modo decisivo la política o, lo que es lo mismo, la lucha de clases. De esta previsión surgen unas tareas ingentes para la izquierda, tanto más cuanto que parte de una situación muy débil en todos los sentidos.

Reforma o ruptura

El viejo dilema de la transición, reforma o ruptura, vuelve a aparecer determinado ahora por la crisis económica en lugar de por la muerte del dictador. Traducido a las alternativas políticas, la concepción de que hay una salida progresista a la crisis lleva a perfilar unas posiciones que hacen hincapié en la lucha contra el neoliberalismo. Sectores importantes de la izquierda se encuentran cómodos definiéndose como anti neoliberales, en una posición que se enmarca en el reformismo, que trata de combatir los aspectos más repudiables del capitalismo pero que no plantea superarlo.

Si la conclusión de que no hay salida progresista a la crisis es válida, que no hay márgenes para políticas reformistas, la consecuencia es que el anti neoliberalismo tendrá que trascender a una posición anticapitalista. No se trata de una cuestión semántica, antineoliberalismo frente a anticapitalismo, sino de un tema de fondo, que habrá de irse clarificando en los próximos tiempos y posiblemente con más urgencia de la que se piensa.

Por supuesto, en la necesaria convergencia y reforzamiento de la izquierda, la unidad puede y debe prevalecer, pues el estadio de la lucha en que nos encontramos y siendo tan arduo el camino a recorrer hay que marchar unidos, dejando que sean la realidad y las experiencias las que configuren el carácter de la izquierda nueva que ha de surgir de la crisis.

Un ejemplo final y reciente aclara lo que trato de explicar. En la huelga general del 29 de septiembre se comprometió toda la izquierda, al margen del radicalismo de posiciones, y su éxito estuvo determinado justo por la confluencia y la unidad de acción de muchas organizaciones y movimientos. Sin embargo, a la movilización le faltó el carácter político y de ruptura que la situación reclama.

En la última fiesta del PCE, en los días previos a la huelga general, en el mitin en el que participaban los secretarios generales de CCOO, UGT y el PCE, junto con el Coordinador General de IU, después de un análisis muy crítico de la situación, proponían cambios en el sentido de combatir la versión más cruda del neoliberalismo que en esos momentos había puesto en marcha el PSOE. Pero, sorprendentemente, ninguno de los intervinientes que denunciaban con tal clarividencia la desolación que recorre al país y principalmente a los trabajadores y a sectores sociales más débiles, provocada por un sistema que históricamente empieza a mostrar todos los síntomas de senilidad, agotamiento y perversión, no citaron en ningún momento la palabra socialismo. Tantos años resaltando las contradicciones, la injusticia y la violencia del sistema capitalista y cuando éste se declara en bancarrota se nos ha olvidado la alternativa del socialismo. El enorme retraso que delata este olvido hay que recuperarlo si no queremos que la barbarie nos muestre su rostro más siniestro y terrorífico.

Pedro Montes
Rebelión

Críticas y lugares vacíos, en la mesa de Legrand

Ya hay repercusiones de los dichos de Mirtha Legrand. Marilina Ross se bajó de su mesa por no coincidir con la octogenaria. Y el productor Gerardo Sofovich dijo: "Me tiene podrido la mentira y la hipocresía de este ambiente".

La cantante Marilina Ross anunció, hace instantes, que no participará del almuerzo que se iba a celebrar mañana. Al parecer la artista no coincide con la respuesta que Legrand brindó en su programa  sobre los dichos del actor Federico Luppi. Mirtha dijo que existiría una avanzada de actores en su contra y que éstá estaría avalada por el Gobierno nacional.

Marilina fue especialmente invitada para promocionar su regreso a los escenarios, que se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de diciembre, con dos shows en el Teatro Ópera. Sin embargo, la mesa de Mirtha no contará con su presencia.

En tanto, el productor Gerardo Sofovich también se manifestó molesto por los dichos de Mirtha Legrand. "Que no me hable de la libertad que tiene en el canal, y que si no la tuviera, no trabaja, porque es mentira, si no pregúntele por qué fui de invitado durante veinte años y ahora no voy más. Porque estoy prohibido por América, por Daniel Vila. La verdad es que me tiene podrido la mentira y la hipocresía de este ambiente", sentenció.

La ex figura de América televisión sostuvo: "Justo la 'Señora de los almuerzos' "habla de mal gusto", "cuando hace un tiempo tuvo que pedir perdón por la pregunta que le hizo a Piazza..., por favor!," finalizó.

Audio de Felix Diaz

Audio de Felix Diaz

jueves, 25 de noviembre de 2010

Represión en Formosa: un miembro de la comunidad qom murió y otro está en coma

Por Natalia Paez
Desde 2007 reclaman tierras al Estado provincial y a un particular. Hace cuatro meses que protestan a la vera de la ruta. El martes hubo enfrentamientos con la policía. Piden la intervención del INAI y denuncian al gobernador Gildo Insfrán.
 

Ayer murió otro aborigen de la comunidad qom navogoh La Primavera, de Formosa, como consecuencia de los choques con la policía durante el desalojo del martes. Se trata de Roberto López. El martes murieron Sixto Gómez –también de los antes conocidos como tobas– y el policía formoseño Herber Falcón. Se alzaron fuertes voces de rechazo de organismos internacionales de Derechos Humanos y se acusó al gobernador por su responsabilidad política ante un hecho que tuvo su primer episodio en enero de este año, y que desde julio mantenía a los qom a la vera de la ruta 86. Tiempo Argentino intentó contactar al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, pero no hizo ninguna declaración.
Organizaciones como Encuentro de la Resistencia Indigenista, entidad enrolada en el Movimiento Nacional Indigenista, comunicó que se están convocando para concentrarse el viernes en Corrientes y Callao, a las 18, para repudiar y pedir por otras comunidades en situaciones similares.
El intento de desalojo de la policía dejó además varios heridos, entre ellos una anciana muy golpeada, que continuaban internados en el hospital de Laguna Blanca. Uno de los hospitalizados está en coma. Anoche quedaban 8 detenidos.
La Defensoría del Pueblo de la Nación recordó que en septiembre la justicia federal de esa provincia hizo lugar a una medida cautelar  que pedía, entre otras cosas, que cesara la intimidación a esa comunidad. La policía desconoció esa orden y generó una “gravísima” situación que podría llegar a instancias internacionales.
El origen del enfrentamiento siguió siendo relatado en confusas versiones. El juez de la causa, Santos Gabriel Garzón dijo que “hasta acá tenemos homicidio, cuyos autores hay que determinar. Hubo un tumulto, tenemos que desentrañar lo sucedido”, en declaraciones a los medios en el marco de una inspección ocular a la vera de la ruta 86, y a cuatro kilómetros de Laguna Blanca.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, no hizo declaraciones, en cambio su ministro de gobierno, Jorge González, dijo que el choque se produjo cuando una comitiva policial de unos cien efectivos –que acompañaba al juez y la fiscal– ingresó a un campo, donde se encontraban igual cantidad de aborígenes denunciados por “usurpación de campos”.
Garzón, acompañado por gendarmes que rastrillaban el terreno en busca de pruebas, sostuvo que la carátula de la causa es “atentado a la autoridad y lesiones” y puntualizó: “Quiero determinar muy bien dónde fueron los hechos”.
Por su parte el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, denunció a los qom diciendo que “un grupo de aborígenes fueron intrusos de la propiedad privada de la familia Celías, cortando alambrados, levantando ranchos”.
Distintas voces se alzaron ayer para repudiar el confuso episodio en la comunidad La Primavera, 170 kilómetros al oeste de la capital formoseña. El adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, se dirigió al gobernador Insfrán, para señalar: “El Estado provincial está prioritariamente llamado a custodiar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, bajo cualquier circunstancia, evitando la vulneración de derechos de las personas.”
 
La diputada nacional Silvia Vázquez, que trabaja en proyectos en beneficio de los pueblos indígenas, acusó al gobernador Insfrán por su responsabilidad política. “Esto es la crónica de una muerte anunciada; habíamos advertido en enero de 2010 que esto podía suceder, cuando policías y grupos parapoliciales, sitiaron a la comunidad de La Primavera”, dijo Vázquez. Agregó que Insfrán “es un delincuente que no tiene miramientos por los Derechos Humanos. Aquí pasa lo mismo que pasó en Catamarca con María Soledad, o lo que pasó en Santiago del Estero con los Juárez.” Y reclamó la urgente intervención del titular del INAI, Daniel Fernández.




miércoles, 24 de noviembre de 2010

Clarín y la teoría del “vaso medio vacío”

Brutal Desalojo: Un policía y un aborigen muertos en la ruta 86


Un oficial principal de la policía provincial y un aborigen murieron a causa de un enfrentamiento ocurrido ayer en la Colonia La Primavera, a unos 170 kilómetros al norte de la capital provincial.
Varios heridos, muchos detenidos y casas de aborigenes quemadas, son el saldo lamentable de otra arremetida demencial, contra quienes expresan un justo reclamo por las tierras que les pertenecen.

También quedaron varios heridos que eran atendidos en el Hospital de Laguna Blanca, a 4 kilómetros del lugar del incidente, donde desde hace casi cuatro meses un grupo de aborígenes protesta contra la expropiación de sus tierras; mediante el corte de la ruta nacional 86.
La versión señala que en horas de la mañana un ganadero de apellido Celias, allegado al gobernador, que pretende apoderarse de la tierra de los aborigenes, ordeno a la policía para que constate el ingreso de aborígenes al campo en disputa.
Cuando una comisión policial fue al lugar, tuvo el primer cruce donde se escucharon los primeros disparos. Apoyados por más efectivos, los policías regresaron al lugar donde se produjo el enfrentamiento que -según versión oficial- terminó, primero con la muerte del oficial Heber Falcón y luego de un integrante de la comunidad Qom, afirmaron.

OTRA VERSION
Aseguran que el episodio tuvo lugar luego de que los efectivos intentaran desalojar un corte de tránsito que lleva la comunidad "Qom" de la Primavera en reclamo por la propiedad de tierras.
Aparentemente, antes de este enfrentamiento hubo otro en horas de la mañana. En la oportunidad, los aborígenes se apoderaron de dos armas reglamentarias que los policias abandonaron en su huída. La Policía tenía por objetivo "restablecer el orden y recuperar de ser posible las armas reglamentarias robadas", según lo dicho por un oficial.
Anoche, la zona del corte estaba sitiada con policías que custodiaban el lugar, con lo que la medida de protesta de los naturales llegó al final.

RESPONSABLES
Por otra parte, anoche la Unión Cívica Radical (UCR) responsabilizó al gobierno provincial de los hechos ocurridos en la ruta nacional 86 y lamentó la pérdida de vidas humanas, al sostener que cuando "el desinterés y la insensibilidad impiden la toma de una rápida, oportuna y necesaria decisión política, todo es posible".
"Nosotros lo venimos planteando desde hace varios meses; acá existe un gobierno que desde el principio optó por que esto no se resuelva mediante el diálogo y la respuestas a las que está obligado como representante del pueblo, el objetivo fue cansar a los aborígenes mediante el ninguneo para así hacerlos desistir de un reclamo tan antiguo como legal", precisó el titular del sector, Luís Naidenoff.
"Hoy los hechos son tremendos y trágicos. Varias familias formoseñas están llorando a sus familiares muertos por la ineptitud de un gobernante que vuelve a mostrar su lado oscuro, su indiferencia", agregó.

LA VERSIÓN de Félix Díaz
SIN ORDEN JUDICIAL
"Esta mañana hubo incidentes muy graves cuando la Policía quiso desalojar a una familia de nuestras tierras, sin orden judicial, por lo que hubo reacción de la comunidad que pedía la orden judicial. Se armó una refriega y los policías se alejaron, perdiendo dos armas en la huida", relató el dirigente aborigen. "Pero lo de las armas fue un pretexto, para actuar sin orden judicial y justificar lo que vaya a pasar, porque a la tarde, alrededor de las 17 llegaron policías de civil, uniformados, de Infantería para desalojarnos de la ruta. Hubo disparos, quemaron nuestras casas dentro del predio de tierras que queremos recuperar y detuvieron a muchos hermanos, incluyendo a mi esposa Amanda Asijak. También hay heridos graves y uno de nuestros hermanos está muerto". "En mi caso no sé que hacer temo por mi seguridad. Pero quiero seguir luchando para que sea verdad la justicia social para mi comunidad", "estamos escondidos en el monte porque tenemos miedo que la Policía nos encuentre, tememos por nuestra integridad", aseguró el referente aborigen.







martes, 23 de noviembre de 2010

La vuelta de la soberanía (Por Pacho O’Donnell)

El Combate de la Vuelta de Obligado es la expresión a cañonazos de un conflicto que recorre la historia argentina: la disputa entre las ambiciones de las dirigencias vendepatrias asociadas con las potencias exteriores del momento, enfrentadas con los intereses de los sectores populares que encontraron la fuerza de su expresión con Rosas, Yrigoyen, Perón y los Kirchner (P. O’D.)



El combate de la Vuelta de Obligado es, junto al Cruce de los Andes, una de las dos mayores epopeyas de nuestra Patria. Una gesta victoriosa en defensa de nuestra soberanía que puso a prueba exitosamente el coraje y el patriotismo de argentinas y argentinos, lamentablemente silenciada por la historiografía liberal escrita por la oligarquía porteñista, antipopular y europeizante, vencedora de nuestras guerras civiles del siglo XIX.
Corría 1845. Las dos más grandes potencias económicas, políticas y bélicas de la época, Gran Bretaña y Francia, se unieron para atacar a la Argentina, entonces bajo el mando del gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. El pretexto fue una causa “humanitaria”: terminar con el gobierno supuestamente tiránico de Rosas, que los desafiaba poniendo trabas al libre comercio con medidas aduaneras que protegían a los productos nacionales, y fundando un Banco Nacional que escapaba al dominio de los capitales extranjeros.
Los reales motivos de la “intervención en el Río de la Plata”, como la llamaron los europeos, fueron de índole económica. Deseaban expandir sus mercados a favor del invento de los barcos de guerra a vapor que les permitían internarse en los ríos interiores sin depender de los vientos y así alcanzar nuestras provincias litorales, el Paraguay y el sur del Brasil. Dichas intenciones eran denunciadas por los casi cien barcos mercantes que seguían a las naves de guerra.
Otro objetivo de la gigantesca armada era desnivelar el conflicto armado entre la Argentina y la Banda Oriental (hoy República del Uruguay) a favor de ésta, que los franceses consideraban entonces protectorado propio. También independizar Corrientes, Entre Ríos y lo que es hoy Misiones formando un nuevo país, la “República de la Mesopotamia”, que empequeñecería y debilitaría a la Argentina y haría del Paraná un río internacional de navegación libre.
Los invasores contaron con el antipatriótico apoyo de argentinos enemigos de la Confederación rosista, que se identificaban como “unitarios”, muchos de ellos emigrados en Montevideo. Fueron ellos los que, vencedores del federalismo popular, escribieron nuestra historia oficial, lo que explica que la epopeya de Obligado haya sido ominosamente ignorada hasta nuestros días.
Ingleses y franceses creyeron que la sola exhibición de sus imponentes naves, sus entrenados marineros y soldados, y su modernísimo armamento bastarían para doblegar a nuestros antepasados como acababa de suceder con China. Pero no fue así: Rosas, que gobernaba con el apoyo de la mayoría de la población, sobre todo de los sectores populares, decidió hacerles frente.
Encargó al general Lucio N. Mansilla conducir la defensa. Su estrategia fue la siguiente: dado que se trataba de una operación comercial encubierta, el objetivo era provocarles daños económicos suficientes como para hacerlos desistir de la empresa y lograr así una victoria estratégica que vigorosas negociaciones diplomáticas harían luego contundente.
Mansilla emplazó cuatro baterías en el lugar conocido como Vuelta de Obligado, donde el río se angosta y describe una curva que dificulta la navegación. Allí, nuestros heroicos antepasados tendieron tres gruesas cadenas sostenidas sobre barcazas y de esa manera lograron que durante el tiempo que tardaron en cortarlas, los enemigos sufrieran numerosas bajas en soldados y marineros y devastadores daños en sus barcos de guerra y en los mercantes. El calvario de las armadas europeas y los convoyes mercantes que las seguían continuó durante el viaje de ida y de regreso, siendo ferozmente atacadas desde las baterías de Quebracho, de Tonelero, de San Lorenzo y, otra vez, desde Obligado.
Lucio N. Mansilla se puso valientemente al frente de sus tropas para rechazar el desembarco de los enemigos y resultó gravemente herido.
La estrategia fijada por Rosas y Mansilla tuvo éxito y las grandes potencias de la época finalmente se vieron obligadas a capitular aceptando las condiciones impuestas por la Argentina y cumpliendo con la cláusula que imponía a ambas armadas, al abandonar el río de la Plata, disparar veintiún cañonazos de homenaje y desagravio al pabellón nacional.
Desde su destierro en Francia, don José de San Martín, henchido de orgulloso patriotismo, escribió a su amigo Tomás Guido el 10 de mayo de 1846: “Los interventores habrán visto por este échantillon que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca” y más adelante felicitaría al Restaurador: “La batalla de Obligado es una segunda guerra de la Independencia”. Y al morir le legó su sable libertador.







El Grupo A pone en riesgo el proyecto que regula la medicina privada


A horas de la última sesión del año, la oposición en el Senado pretende modificar una norma ejemplar, votada por Diputados en forma unánime en 2008. Se sigue mostrando funcional y permeable a la presión de las prepagas.


Mañana, en la última sesión del año, el proyecto de ley para regular la medicina privada se jugará su suerte en un Senado cuyos integrantes se han dividido entre los que apoyan su sanción inmediata y aquellos que siguen poniendo palos en la rueda a una iniciativa que protegería a casi cinco millones de argentinos. Hoy, en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Legislación General, volverán a verse las caras los dos sectores.
Pero a horas de la decisión final, sólo el Frente para la Victoria y bloques menores, como Buenos Aires Federal, expresaron abiertamente que votarán sin cambios el proyecto que fue aprobado en Diputados por unanimidad.
En la vereda de enfrente, y tal como sucedió con el Presupuesto 2011, la especulación del Grupo A –UCR, PRO, Peronismo Federal, Coalición Cívica– apunta a postergar el debate, con lo que el proyecto perderá estado parlamentario y deberá volver a discutirse de cero.
El proyecto estuvo cajoneado en la Comisión de Salud del Senado durante 20 meses. Luego, cuando salió a la superficie, fue controlado por el titular de la comisión, el radical José Cano, quien ofició de eje negociador con las empresas del sector. De hecho, fueron sus asesores los que cambiaron dos artículos esenciales, el 10 y el 11, planteando que se les permita a las prepagas aumentar sus tarifas a los mayores de 60 años y rechazar el ingreso de pacientes con enfermedades preexistentes.
La diferencia con el texto de Diputados no podía ser mayor. En él se prohibían taxativamente esas conductas empresarias, muy comunes en la actualidad.
El revuelo que provocó la difusión del preproyecto de los asesores de Cano por parte de Tiempo Argentino obligó al senador a dar marcha atrás y confirmar, la semana pasada, que esos dos artículos, finalmente no se tocaban.
La relación de los asesores de Cano con la medicina privada es profunda. Este diario publicó los comentarios de las prepagas al proyecto con media sanción de Diputados, en su mayoría rechazando la norma con la excusa de que “haría quebrar a las empresas”. Estas compañías nunca quisieron que se regulara la tarifa según la edad del afiliado ni las preexistencias. “Es como si se obligara a una empresa de seguros a asegurar autos chocados”, dijo Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, en una entrevista con Tiempo, para describir su negativa a afiliar personas con enfermedades preexistentes.
Casualmente, es el mismo argumento que esgrimieron los asesores de los senadores que integran la Comisión de Salud al momento de justificar el cambio de los artículos 10 y 11 en el proyecto que llegó de Diputados.
La semana pasada, el Grupo A mostró su cara más neoliberal con las escandalosas declaraciones del ex gobernador de Salta y ex candidato fallido a vicepresidente de Carlos Menem, Juan Carlos Romero. “Este proyecto es la estatización del sistema de salud privado”, disparó el salteño, apoyado por su coterránea Sonia Escudero. Fue durante el plenario de las tres comisiones que se reunirán nuevamente hoy, encuentro del que debió salir un dictamen para que el proyecto se trate en el recinto.
Los dichos de Romero no cayeron bien en buena parte de sus pares, porque marcaron una radicalización en la postura que perseguía la postergación de la sanción definitiva. Es que el peronismo disidente también está dividido. Hilda “Chiche” Duhalde confrontó la inacción del radical Cano y se manifestó a favor de aprobar la media sanción de Diputados.
La posición de Chiche rompe la unidad de la oposición y la acerca al oficialismo. “Nosotros ya dejamos en claro que queremos la media sanción, y nos llama la atención las demoras que plantean otros senadores”, señaló a este diario la senadora del FPV por Chaco, Elena Corregido. Su par en la comisión de Salud, Samuel Cabanchik, de Buenos Aires Federal, sostuvo que “acompañaremos la media sanción, porque es una buena ley, aunque siempre se puede mejorar”.
La voluntad política del oficialismo de votar el proyecto sin cambios quedó de manifiesto cuando sus legisladores se despegaron de las modificaciones que pidió la semana pasada el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en el sentido de trasladar la autoridad de aplicación de la Secretaría de Comercio Interior a su ministerio, y dejar afuera de los alcances de la ley a las cooperativas, mutuales y obras sociales. Y a OSDE, la obra social de ejecutivos que tiene una enorme cantidad de usuarios prepagos. La mayoría de los senadores rechazó el pedido.
Según pudo saber Tiempo, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, la oficialista Liliana Fellner, ya tiene en su escritorio un dictamen de minoría que se presentará hoy en el plenario de las comisiones, mostrando su posición de aprobar el proyecto tal como salió de Diputados.
En cambio, la oposición tiene una última carta distractiva dentro de la manga. Extraoficialmente, se supo en las últimas horas que su intención es embarrar la cancha, planteando una nueva agenda que debata sobre los decretos de necesidad y urgencia, y la composición del Consejo de la Magistratura. El objetivo es llevar al kirchnerismo a ausentarse. Así, no se trataría la regulación de la medicina privada.
Si la ley no se aprueba, cinco millones de personas quedarán presas de los abusos, los cambios unilaterales de contratos, las subas de tarifas injustificadas y los incumplimientos de los planes.
En el caso de que los senadores aprueben un texto con alguno de los varios cambios que propone la oposición, el proyecto volvería a Diputados en 2011. La Cámara Baja tendría un año más para tratar las enmiendas y aprobarlas o revalidar el proyecto de 2008.
De cualquier forma, serán otros 365 días más para que las empresas de salud privada sigan haciendo su lobby y actúen sin una ley que las regule




La agresión de Camaño a Kunkel. Quién es quién en Argentina

viernes, 19 de noviembre de 2010

La salud de Magnetto y la historia de Van der Kooy


Domingo 14 de noviembre de 2010
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com


Los editorialistas de Clarín no se fijaron en gastos para intentar dañar a Néstor Kirchner. Tampoco lo hacen con la Presidenta, pese a lo reciente del fallecimiento de su marido. El sábado, Eduardo Van Der Kooy tituló su artículo como “Todo o nada” para explicar que ésa es la política de Cristina Fernández de Kirchner “para enfrentar el primer desafío de autoridad desde que quedó en soledad en el poder” (¿?). Con un cinismo sin disfraz, agrega: “Quizás el luto y las obligaciones de su agenda en el exterior no le hayan dejado tiempo para otra cosa”. Van der Kooy fue elegido joven brillante por el genocida Jorge Videla, y cuando el periodista Enrique Vázquez le hizo una larga entrevista en el programa Historia de una nota, el editorialista de Clarín eligió la entrevista que le hizo a Videla cuando lo acompañó en su viaje al Vaticano. En esa entrevista, Van der Kooy se arrogó haber sido el “primero” que escribió la palabra “desaparecido” en un diario. Pero tras un chequeo del archivo de esa época, surge que el término utilizado fue “derechos humanos”. El editorialista de Clarín tuvo un recuerdo de sí mismo mucho más generoso que la realidad.

El nexo con la dictadura. En estos días tomó estado público el papel jugado por Reynaldo Bandini como enlace entre Clarín y la dictadura. Mientras Van der Kooy hacía el trabajo “en blanco” y entrevistaba al responsable de los miles de desaparecidos, Bandini daba conferencias de “cómo terminar con la subversión” entre oficiales y jefes militares. Lo hacía en esa triple condición de periodista del diario, directivo del grupo y catedrático de la Escuela de Defensa. Algo que no se contó todavía es por qué cobró notoriedad en estos días, y no antes, el papel de Bandini. Resulta que Miguel Robles, hijo de un jefe policial asesinado por sus camaradas de Córdoba, buscó a Carlos Charlie Moore, un ex militante del ERP que, cuando fue detenido en 1975, en esa provincia se convirtió en un colaborador activo de las fuerzas represivas y que, tras haber hecho destrozos en la fuerza política de la que provenía, permaneció durante mucho tiempo realizando trabajo esclavo para el temible Departamento de Inteligencia (D2) de la policía cordobesa. Robles logró entrevistar a Moore y realizó una pequeña edición de un libro imprescindible llamado La búsqueda, que es una larga confesión de Moore. Algo que no publicó Robles, pero que le contó su entrevistado, es que le tocó desgrabar una conferencia reservada de Bandini llevada a cabo en el D2 y que tuvo como público a lo más granado de los policías y militares que se ocupaban del exterminio de opositores en Córdoba. Moore, más allá del juicio de valor que merezca quien entregó a militantes para que los mataran, guardó esa conferencia y muchos otros documentos que permiten comprender cada vez mejor la metodología criminal de la dictadura cívico militar.
 
Van Der Kooy, como otros de los que estaban en la redacción de Clarín, no puede desconocer cuánta sangre circulaba por esos años en los que él hacía propaganda de la peor. Este cronista le envió un correo electrónico a Osvaldo Bayer, quien estuvo en la redacción de Clarín desde principios de los sesenta y que conoció a buena parte del staff del diario. La respuesta de Bayer fue tan breve como precisa. “Querido Eduardo: Bandini era el consuetudinario alcahuete de la dirección, siempre estaba en esa esfera apenas pisaba la redacción. Él tenía muy buenos contactos con (Oscar) Camilión, que estaba de jefe de redacción ya en tiempos de Ernestina. Camilión luego fue embajador y ministro de la dictadura militar (en el segundo período, de Roberto Viola) y, fantasías argentinas, después fue ministro de Defensa (nada menos) de Carlos Menem. Una carrera completa. Bandini tenía contactos con los servicios y traía la información de esos sitios. A mí esa gente me echó en el ’73”.


El viaje de Magnetto. Esta semana, de un aumento inusitado del tono violento de Clarín, algunos pocos sabían dentro del Grupo qué pasaba con su CEO, Héctor Magnetto. Es sabido que la recuperación del cáncer de laringe le impide hablar con fluidez, pero no lo limitó hasta ahora para estar al frente de los negocios y las operaciones del Grupo. Sin embargo, en los últimos días, los chequeos médicos tuvieron resultados alarmantes. Con el objeto de intentar algún tratamiento médico, Magnetto viajó a los Estados Unidos. Primero, partió el encargado de las relaciones institucionales, Jorge Rendo, quien embarcó en un avión de la empresa Lan el martes 9. Al día siguiente, en un vuelo de American Airlines, partió Magnetto.
En el círculo más cerrado del poder de Clarín se tensa la cuerda cada vez que surge el tema de quién puede estar al frente del conjunto de operaciones del grupo. José Aranda es vicepresidente del grupo presidido por Ernestina Herrera de Noble y llegó al Grupo con Magnetto, tras haber compartido la carrera de Contador en la Universidad de La Plata. La relación entre Aranda y Magnetto es por lo menos distante y en estos días algunos comentaron la pretensión del vicepresidente de ocupar el lugar del CEO. Lo cierto es que el viernes tuvo una mala noticia. Hace tiempo que tomó estado público este megaproyecto arrocero de Aranda en Corrientes, que fue denunciado por su brutal desajuste de las normas legales, tal como fue advertido por ONG ambientalistas.
El Gobierno Nacional presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de que la provincia, gobernada por el radical Arturo Colombi, presentara los estudios de impacto ambiental que justificaran la realización del proyecto de Aranda. Colombi tiene una estrecha relación con el directivo de Clarín y los informes que envió no contemplaron si la represa prevista sobre el arroyo Ayuí va a alterar el ecosistema del río Uruguay. Por absoluta coincidencia y sin que esto sea un complot contra Clarín, el viernes Aranda tuvo que digerir un fallo unánime de los siete ministros de la Corte en el que ordenó a la provincia entregar al Ejecutivo nacional los informes requeridos en los próximos 90 días. Además ordenó que se suspendieran las obras en ese plazo. No es conspiración contra Clarín sino que es una clara señal de que los negocios con impunidad a cambio de protección mediática ya no tienen la eficacia de otros tiempos. Y el tándem Colombi-Aranda tendrá que acatar.

Mujica y BAE. Lo del río Uruguay no es un dato menor, ya que Cristina Kirchner y el presidente uruguayo José Pepe Mujica lograron encarrilar el conflicto por la planta de Botnia ubicada del lado oriental de ese río. El Grupo Clarín en varias oportunidades contrastó el supuesto buen trato de Mujica para con los grandes medios a diferencia del “ataque a la libertad de prensa” por parte del gobierno argentino. La decisión de Mujica de aceptar una entrevista con Miradas al Sur para dar su propia versión es un indicador más de que la táctica de Clarín de manipular a protagonistas claves de la vida política y social ya no cuenta con eficacia, porque tiene como réplica la debida aclaración. Pero, más importante aún es que la verdadera libertad de prensa significa que haya un abanico amplio de medios y si un medio, cualquiera sea, tergiversa, existe la posibilidad de expresarse por otros que no manipulen. Así, los lectores, televidentes u oyentes podrán elegir y cotejar quiénes dicen verdades y quiénes incurren en mentiras.
Un caso curioso de mentiras pequeñas –pero venenosas– puede verse en la misma edición del viernes cuando titula “El Gobierno alteró cifras de la pauta publicitaria oficial”. En un gráfico (reproducido en esta edición) pone en amarillo dos papeles distintos que, supuestamente, serían la prueba de un negocio fraudulento “del empresario ultrakirchnerista Sergio Szpolski”. El blooper es magnífico: en el primer papel la razón social es Buenos Aires Económico mientras que en el segundo es BAE Negocios. Dos empresas distintas. Lástima que el redactor, el editor y el operador de Clarín no se tomaron la molestia de chequear. Ni siquiera, como este cronista, de leer y darse cuenta que son dos nombres distintos. Ni más ni menos.


jueves, 18 de noviembre de 2010

Lesa humanidad: fijan fecha de sentencia en juicio por delitos en Atlético, Banco y Olimpo

Será el próximo 21 de diciembre. Así lo dispuso el TOF 2 de la Capital Federal, que encabeza el debate en el que se investigan violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 184 víctimas. El próximo miércoles comenzará el alegato de las defensas


El Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal resolvió fijar para el 21 de diciembre la lectura del veredicto en el juicio por los delitos cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, durante el último gobierno de facto.

En el proceso son juzgados los siguientes imputados:

Samuel Miara, subcomisario (R) de la PFA; Julio Héctor Simón, oficial (R) de la PFA; Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino; Carlos Alberto Roque Tepedino, jefe del Batallón de Inteligencia 601; Raúl González, comisario (R) de la PFA; Eufemio Jorge Uballes, subcomisario (R) de la PFA; Eduardo Emilio Kalinec, comisario (R) de la PFA; Roberto Antonio Rosa, oficial (R) de la PFA; Juan Carlos Falcón, principal (R) de la PFA; Luis Juan Donocik, comisario (R) de la PFA; Oscar Augusto Isidoro Rolón, oficial (R) de la PFA; Guillermo Víctor Cardozo, primer alférez de Gendarmería Nacional; Eugenio Pereyra Apestegui, primer alférez de Gendarmería Nacional; Juan Carlos Avena, oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal; Ricardo Taddei, principal de la PFA, y Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino.
Además el TOF Nº 2 de la Capital Federal dispuso que el martes 24 de noviembre comiencen los alegatos de la defensa y que el 29 y 30 noviembre y el 1 de diciembre tengan lugar las replicas.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal la pena de prisión perpetua para 16 acusados.

En tanto, durante sus alegatos, las querellas pidieron las siguientes penas:

- Centro de Estudios Legales y Sociales (representa a Carmen Aguiar de Lapacó): con excepción de Tepedino, prisión perpetua para los quince acusados.

- Rodolfo Yanzón y Lucía Tejera: con excepción de Tepedino, prisión perpetua para los quince acusados.

- Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria Thus (representantes de Eduardo De Pedro): prisión perpetua para Tepedino, Mario Alberto Gómez Arenas (segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601), Del Pino y Avena.



LA PROPUESTA DE LOS 100 ECONOMISTAS SOBRE LAS PENSIONES.



Errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca
Por Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla www.juantorreslopez.com
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Ex-Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y Profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) www.vnavarro.org
Ambos son miembros del Consejo Científico de Attac España www.attac.es
El Consejo Científico de Attac es un colectivo formado por académicos españoles y extranjeros que desean contribuir a que las propuestas políticas que realiza Attac tengan el máximo rigor y fundamento científico. Integran actualmente el Consejo Científico los siguientes miembros:
Albert Recio Andreu, Alberto Garzón, Alejandro Nadal, Alicia Gil Gómez, Amando García, Ángel Martínez González-Tablas, Arcadi Oliveres Boadella, Armando Fernández Steinko, Carlos Alfonso Mellado, Carlos Berzosa Alonso Martínez, Carlos Jiménez Villarejo, Coral del Río Otero, Cristina Carrasco Bengoa, Daniel Raventós, Ernest García, Gerardo Pisarello, Ignacio Ramonet, Jaime Pastor Verdú, Jorge Fonseca Castro, José Adelantado, José Manuel Naredo Pérez, Juan Hernández Vigueras, Juan Torres López, Juan Francisco Martín Seco, Julio Rodríguez López, Lina Gálvez Muñoz, Lourdes Beneria, Luis Enrique Alonso Benito, Mª José Fariñas Dulce, Mª Rosario Valpuesta Fernández, Marcos Roitman Rosenmann, María Pazos Morán, Montserrat Galcerán Huguet Nuria Almirón Roig, Oscar Carpintero Redondo, René Passet, Teresa Pérez del Río, Vicenç Navarro López. José Luis Sampedro es el Presidente de Honor del Consejo Científico y Ricardo García Zaldívar su Coordinador

El grupo de 100 economistas neoliberales que ya hiciera en su día una propuesta de reforma laboral que proponía  facilitar el despido como manera de resolver el problema del desempleo, acaba de hacer otra para reducir el gasto en pensiones públicas patrocinada también por FEDEA (una fundación financiada por la banca y las cajas de ahorros así como por las grandes empresas de este país) que contiene gran cantidad de errores, medias verdades y silencios que llevan a confundir gravemente a la opinión pública y que creemos necesario desvelar para tratar de evitarlo (La propuesta puede verse en http://www.fedea.net/propuestas/pensiones/index.html).
Dejaremos a un lado las opiniones que, según los medios de comunicación, expresaron sus promotores en la rueda de prensa y que no pueden calificarse sino como auténticos disparates, como el del profesor del IESE de la Universidad de Navarra Javier Díaz Jiménez quien afirmó que el Pacto de Toledo es "la mayor estafa para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones" (Europa Press, en Los '100' economistas proponen calcular la pensión en función de toda la vida laboral). Una expresión no solo profundamente antidemocrática sino bochornosa, impropia de unos profesionales académicos y que parece indicar que tal portavoz de los 100 economistas neoliberales prefiere que sean tecnócratas, próximos a la banca, los que diseñen tal reforma. Al parecer, estos economistas no entienden que en una democracia son los representantes de la ciudadanía los que deben decidir sobre los fondos públicos, dentro de los cuales los de la Seguridad Social son los más importantes.
Para hacer más fácil la lectura de este texto, que no puede extenderse mucho y que solo pretende divulgar la crítica a esta propuesta más que realizar con ella un trabajo académico al uso, iremos comentando las afirmaciones de los 100 que nos parecen, por diversas razones, incorrectas en el orden en que aparecen en el documento de la propuesta.
1."El sistema publico de pensiones en España es injusto (...) porque las prestaciones que actualmente ofrece el sistema no se determinan de forma equitativa en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. De esta forma dos individuos que han cotizado lo mismo a lo largo de su vida pueden percibir pensiones muy distintas".
Esta frase no es rigurosa y está basada en un supuesto altamente cuestionable, pues va en contra de los principios de un sistema de pensiones públicas que debe caracterizarse por su aseguramiento universal.
a) No es rigurosa porque lo que cada persona entiende por justo o injusto es siempre subjetivo. Los 100 economistas deberían afirmar, por tanto, que "en su opinión" lo es, pero no pueden pretender que lo que es injusto para ellos lo sea también para todas las personas. Sobre todo, cuando se sabe que su informe ha estado patrocinado y financiado por entidades financieras que desean que se reduzcan los beneficios de los pensionistas a fin de optimizar los intereses de los seguros privados. Unos intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de la mayoría de pensionistas.
El principio de que los beneficios dependan primordial y exclusivamente de las cotizaciones rompe con el principio de solidaridad y redistribución, implícito en los sistemas de Seguridad Social. Los 100 economistas deberían mostrar claramente que eso es lo que se pretende en lugar de encubrir las intenciones de las entidades que financian los estudios que justifican sus propuestas con disquisiciones sobre la justicia que no tienen fundamento científico.
b) Es por ello que la justicia de un sistema de pensiones públicas basada en la solidaridad no depende de ese criterio.
Decir que un sistema público de pensiones de reparto, es decir, basado en el principio de la solidaridad, es injusto por esa razón es tan absurdo como decir que lo es un sistema sanitario financiado por toda la ciudadanía porque todos cotizamos más o menos por igual y, sin embargo, no todos tenemos las mismas enfermedades y no hacemos el mismo uso del sistema sanitario.
c) Como es sabido, los beneficios que perciben los pensionistas están relacionados en parte con las cotizaciones puesto que no todas las pensiones son iguales. Ahora bien, lo que debe deducirse de ahí es que hay espacio para reformas en el sistema de pensiones públicas en la línea de hacerlas más equitativas. Pero esto es un objetivo  que no se consigue a través de un sistema de capitalización
(es decir, vinculando directamente la pensión a la cotización), sea público o privado, que es lo que en definitiva el manifiesto propone.
2. "La reforma es inevitable porque la ratio entre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) y la población mayor de 65 años pasará de, aproximadamente, 4 en la actualidad a 1,65 en 2050".
Esta afirmación no es cierta por tres razones:
a) En primer lugar, no es cierta porque no hay una sola reforma posible. Por tanto, no se puede calificar como evitable o no a "la reforma" (es decir, la que proponen los 100). En todo caso, tendrían que haber dicho "La reforma que nosotros proponemos es  inevitable". En ese caso, los 100 economistas neoliberales tendrían que demostrar que todas las demás son evitables. Y no lo hacen.
b) En segundo lugar, no es cierta porque la razón que dan  los 100 para considerar inevitable "su" reforma es que, según dice textualmente su propuesta: "en ausencia de reformas, el gasto en pensiones prácticamente se duplicará en las próximas décadas, pasando del 8% del PIB actual a más del 15% en 2050".
Pues bien, es falso que por esta razón incluso "su" reforma sea inevitable. En contra de la opinión de los 100 (que no fundamentan), otros muchos economistas afirman que, incluso sin reformas, ese 15% del PIB (o incluso el 17% de otras estimaciones) sería perfectamente asumible por la economía española. En realidad, Italia se gasta ahora un 14% de su PIB en pensiones (un punto menos de lo que España se gastaría según el manifiesto en 2050) sin que el sistema público de pensiones haya colapsado como el manifiesto predice para España.
Por otra parte el hecho de que el porcentaje del PIB en pensiones se doble no tiene por qué crear ninguna alarma lo cual es fácil de demostrar.
Supóngase que la productividad creciera un 1,5% por año, una cifra razonable. Es el promedio de crecimiento de la productividad en España de los últimos cuarenta años. Ello implica que si el PIB de España fuera 100 ahora, en el año 2050 el PIB habría crecido 2,25 veces, siendo 225. Pues bien, si en el año 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones (es decir, 8 de 100), según aquellas predicciones alarmistas en el año 2050 nos gastaremos el 15% del PIB en pensiones (sobre 225 unidades significa 33 unidades).
Pero ello quiere decir que en el 2007  nos quedaban 100-8= 92 unidades para los no pensionistas, mientras que en el 2050 quedarán para los no pensionistas una cifra incluso mucho mayor 225-33=192, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB en pensiones sea entonces mucho más elevado (15%) que en el 2007  (8%).
En realidad hace 40 años el porcentaje  del PIB en pensiones era solo un 3%. En el año 2010 es el 9%, tres veces más que hace cuarenta y ello no ha significado la crisis de la Seguridad Social o que los no pensionistas tengan ahora menos recursos que entonces.
c) El manifiesto sorprendentemente ignora el impacto que la productividad tiene en los recursos disponibles para la población. Hace 40 años el porcentaje de la población española que trabajaba en la agricultura era el
18% de la fuerza laboral. Hoy, es solo el 2%. Este 2% produce suficiente alimento para alimentar a toda la población española y reciben subsidios del Estado para
que no produzcan más. Y ello debido a que un trabajador  agrícola ahora hace lo que hacían 9 trabajadores hace 40 años debido a un enorme incremento de la productividad. ¿Se imaginan los lectores el ridículo que hubieran hecho 100 economistas hace 40 años alarmando a la población debido a la disminución de trabajadores en la agricultura, señalando que ello crearía un enorme problema de falta de alimento creando hambre en España? Pues esto es lo que está ocurriendo  con este manifiesto neoliberal. Sustituyendo la palabra alimento por pensiones se verá lo absurdo que resulta afirmar, como hace el manifiesto, que en 2050 no habrá suficientes cotizantes por pensionista como consecuencia de que la relación entre adultos y ancianos pase de 4 actualmente a 1,65 en 2050.
En realidad hace 40 años el porcentaje del PIB en pensiones era solo un 3%. En el año 2010 es el 9%, tres veces más que hace cuarenta y ello no ha significado la crisis de la Seguridad Social o que los no pensionistas tengan ahora menos recursos que entonces.
d) El error se amplifica porque los 100 economistas tienen en cuenta solamente la llamada dependencia demográfica, es decir, la relación entre el número de personas adultas y el de ancianas. Según las cifras que citan, se pasaría de 4 adultos por cada anciano de ahora a 1,65 en 2050. Pero lo que es importante no es el número de adultos respecto al de ancianos sino el de trabajadores respecto al de pensionistas. Pero si asumimos que todos los ancianos son pensionistas y que la tasa de participación de la población adulta en el mercado de trabajo actual que es del 60% pasaría, según estima el manifiesto, al 70% en 2050, entonces el número de trabajadores por pensionistas pasaría de los 2,40 de la actualidad a 1,15 en 2050, lo cual es una disminución menos acentuada que si solo tomamos, como hacen los 100 economistas, la relación entre adultos y ancianos. Si además, tal y como hemos indicado, tenemos en cuenta el incremento de la productividad, entonces podemos ver que esa disminución es fácilmente compensable por el incremento de ésta última.
e) Otros economistas a los que los 100 neoliberales no se toman la molestia ni de citar han realizado otros análisis y predicciones contemplando distintas hipótesis sobre la evolución de la tasa de actividad y empleo y deduciendo así escenarios diferentes. Entre ellos, se encuentran los de los profesores Muñoz del Bustillo y Esteve Mora que, entre otras cosas, concluyen que si se alcanzaran en 2050 más o menos las mismas tasas de actividad y empleo que hoy día se dan en los países escandinavos, el porcentaje del gasto sobre el PIB español en 2050 sería del 13%, un "valor perfectamente asumible" en su opinión".
Por tanto, sobre esta afirmación de la propuesta de los 100 economistas de la que parte todo su planteamiento de reforma cabe decir:
a) Que está mal calculada y b) Que lo que debería deducirse de la evolución demográfica no es que han de bajar las pensiones, que es un razonamiento absurdo, como veremos más adelante, sino que hay que crear las condiciones para que aumente la productividad, la actividad y el empleo.
(Además de mejorar la distribución de la renta como señalaremos enseguida más abajo)
f) Los economistas que formulan esta propuesta no toman  en cuenta el factor productividad posiblemente porque  parten de los mismos errores fundamentales que comete uno de ellos, Jesús Fernández-Villaverde, al tratar de defenderse frente al argumento anterior (Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I), un intento de defensa que ha sido contestado por Vicenç Navarro en el texto Respuesta al manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas (I). Fernández-Villaverde afirma lo siguiente:
e.1) "El crecimiento de la productividad de 1997 a 2007 fue prácticamente nulo".
Esta afirmación no es cierta. Según los datos de productividad comparables del conocido y respetado Groningen Growth and Development Center la productividad en España (productividad laboral por hora trabajada, labour
productivity per hour worked) creció un 6.4% entre 1997 y 2007, y un 10% entre 1997 y 2009.
e.2) "En tanto que el crecimiento de la población activa se ralentice primero y luego caiga con el envejecimiento, esto nos pondrá serios límites al crecimiento del PIB".
Esta afirmación solo se puede mantener como resultado del anterior error que lleva a creer que la productividad  no va a variar o que lo hará muy poco, una afirmación que contrasta con lo que ha ocurrido a largo plazo no solo en la economía española sino casi en cualquiera minimamente avanzada. De hecho, tomando un largo periodo como debe hacerse para conocer las variaciones reales de la productividad, resulta que entre 1979 y 2009, la productividad laboral horaria creció en España un 77%. Es de un pesimismo exagerado y algo muy poco realista creer, como hacen los economistas que proponen reducir el gasto en pensiones, que a partir de ahora y en los próximos veinte o treinta años la productividad no aumentará en cifras comparables. Nosotros creemos, por el contrario, que a poco que se avance en la transformación del modelo productivo, y justamente en la medida en que la economía española se aleje del modelo basado en la competitividad a través de bajos costes laborales que proponen  los neoliberales y se incremente la dotación de capital social mediante incrementos de gasto público, además del privado dedicado a I+D+i es fácil que se alcance un crecimiento aún mayor que al de años pasados en las próximas  tres décadas.
e) Para tratar de contrarrestar la crítica que se hace a estos economistas neoliberales por caer en el grave error de no tomar en consideración la productividad, el citado Fernández- Villaverde responde con otro planteamiento aún más erróneo, si cabe:
e.1) "El argumento definitivo es que comparar el 85% del PIB en el 2050 con el 91% en el 2010 no tiene ni el más mínimo sentido. El PIB del 2010 es un dato irrelevante. La única comparación relevante es el bienestar que tendremos en el 2050 con el sistema actual versus el bienestar que tendremos con un sistema alternativo de pensiones".
El argumento es inconsistente y doblemente erróneo.
Es inconsistente porque no se puede afirmar por un lado que la magnitud del PIB es irrelevante (lo que ya de suyo resulta una afirmación sorprendente) y al mismo tiempo que es alarmante que el gasto en pensiones alcance un  porcentaje u otro del PIB.
La afirmación de Fernández-Villaverde es errónea porque,  lejos de ser irrelevante, la magnitud del PIB (sin entrar ahora en las limitaciones de las que somos conscientes que adolece esta magnitud) es un dato enormemente  importante, porque si la sociedad es mucho más rica (como lo será), quiere decir que tendrá muchos más recursos para los no pensionistas así como para los pensionistas, de la misma manera que la España de hoy tiene muchos más recursos que los que tenía hace cuarenta años. Como hemos dicho antes, hoy nos gastamos en España más del triple del porcentaje del PIB en pensiones PIB en pensiones que hace cuarenta años, y ello no quiere decir que las pensiones sean peores o que haya menos recursos para los no pensionistas. Considerar como alarmante que dentro de cuarenta años nos gastemos un 15% del PIB y luego decir que el tamaño del PIB es irrelevante es una enorme incoherencia, para ponerlo de una manera amable.
Y también es errónea porque no es verdad que "la única comparación relevante es el bienestar que tendremos en el 2050 con el sistema actual versus el bienestar que tendremos con un sistema alternativo de pensiones". En todo caso, habría que comparar la situación actual que proporciona el modelo vigente con el resultado de aplicar ahora su reforma y el resultado que proporcionaría en 2050 un sistema (el actual o cualquier otro alternativo pero no solo el que proponen los 100 economistas) ubicado en un entorno realista y no en un entorno en el que se amputa el crecimiento de la productividad, el del empleo o cualquier otro tipo de cambio social que no vaya en la línea de fortalecer el interés privado y del capital financiero.
3. "Para que el proceso de consolidación fiscal en que están inmersas las administraciones públicas españolas resulte creíble, es fundamental controlar el crecimiento del gasto en pensiones".
Esta afirmación es poco rigurosa en relación con la propuesta  que se hace porque se mezclan dos planos del análisis.
¿Qué se busca, el mejor sistema de pensiones o la consolidación fiscal (por cierto, una forma sutil y algo tramposa de denominar al recorte del gasto público)? Los 100 afirman que es bueno el recorte y que por ello  urge la reforma de las pensiones y que la reforma de las pensiones es buena porque responde a la urgente demanda de consolidación fiscal. Un razonamiento circular  que no demuestra nada.
Por otra parte, hay otras alternativas para alcanzar la consolidación fiscal, distintas a la reducción de las pensiones que no son citadas en el manifiesto neoliberal.
Esta claro que no intentan tocar el sistema fiscal altamente regresivo que existe en España. ¿Porqué no aumentar la progresividad fiscal y reducir el fraude fiscal,
convergiendo con el promedio de la UE-15 en empleo y gasto público, incluyendo pensiones (cuyo porcentaje del PIB es de los más bajos de la UE-
15), en lugar de cómo siempre reducir los derechos sociales como las pensiones?
4. "Es fundamental controlar el crecimiento del gasto en pensiones que, junto con el gasto sanitario, es el elemento  más desestabilizador para nuestras finanzas públicas en el medio plazo".
Esta frase responde a un análisis parcial y sesgado de la situación de nuestras finanzas públicas y  de la naturaleza de los problemas sociales.
a) Con independencia de que el gasto en pensiones y en salud se encuentra en España por debajo de la media europea, la afirmación de los 100 economistas se basa de nuevo en el error de considerar solo una de  las bases de las que dependería la estabilidad fiscal a la que aluden.
¿Por qué consideran los 100 economistas que lo que desestabiliza nuestras finanzas públicas es el gasto (más bajo que en nuestro entorno) y no la escasez de ingresos como consecuencia de un modelo productivo y de crecimiento inadecuados y, sobre todo, de un sistema fiscal injusto e ineficiente concebido para favorecer la evasión fiscal de las clases altas y a las rentas elevadas y del capital?
Y, sobre todo, cómo pueden hablar los 100 economistas neoliberales del gasto en pensiones y en salud como desestabilizador de las finanzas públicas cuando hace
un par de años éstas cerraban con superávit, y sabiendo que el déficit se ha producido como consecuencia de la crisis financiera y no de un  incremento estructural de esos gastos.
¿Cómo es posible que estos 100 economistas consideren que es desestabilizador el gasto (más bajo que en nuestro entorno), y no la insatisfacción social que se deriva de su reducción?
5. "Existe un límite a las transferencias intergeneracionales de renta que pueden utilizarse para financiar las pensiones en un sistema de reparto sin perjudicar
el empleo y el crecimiento económico. El sistema español ya está cerca de ese límite".
Esta afirmación carece de fundamento  científico.
De saberse con exactitud cuál es ese límite y cuál es el nivel exacto en el que se encuentra nuestra economía, los 100 economistas neoliberales lo proporcionarían en lugar de mencionarlo en términos generales e inconcretos. Pero es materialmente imposible determinarlo, entre otras cosas, porque el nivel de empleo y el crecimiento económico están determinados también y de modo mucho más importante por otras variables y no es posible discriminar con realismo y certeza  el efecto que pudiera tener esa transferencia intergeneracional de renta.
Además, los 100 economistas cometen un error importante al asociar dichas transferencias solo con los sistemas de reparto, cuando también se producen en los de capitalización y por supuesto en los que son una hay otras alternativas
para alcanzar la consolidación fiscal, distintas a la reducción de las pensiones que no son citadas en el manifiesto neoliberal.
Esta claro que no intentan tocar el sistema fiscal altamente regresivo que existe
en España. mixtura entre ambos como el que proponen.
Hoy los sistemas de capitalización privados están en una situación mucho más crítica y problemática que los sistemas públicos de reparto. En Suecia el gobierno está preocupado por la enorme pérdida de valor del componente de capitalización que el sistema permitió hace unos años. Tal como muchos economistas como Joseph Stiglitz, Dean Baker, Mark Weisbrot y muchos otros han indicado, el sistema público de reparto es más eficiente y estable que el de capitalización privada.
6. "En ausencia de otras reformas, el aumento previsto del gasto en pensiones exigiría una duplicación de las cotizaciones sociales".
Se supone que con esa afirmación se quiere decir que si se duplica el gasto sobre el PIB, como ya hemos visto que  sostiene la propuesta, habrá que duplicar los ingresos por cotizaciones sociales para financiarlo en equilibrio.
Esta afirmación no es cierta por varias razones:
a) El aumento en el gasto en pensiones en relación con el  PIB, si no cambian otras circunstancias relativas a la actividad, el empleo o la productividad no tendría por qué recaer solo en cotizaciones sociales. Tendría que repartirse entre éstas y la participación de los salarios sobre el total de rentas. Es decir, podría darse a costa, por ejemplo, de mayor masa salarial y menos cotizaciones si la distribución de la renta se hace más favorable a los trabajadores.
Esta cuestión elemental que los 100 economistas neoliberales parecen desconocer muestra, además, que todo lo relativo a la reforma de las pensiones está vinculado a criterios sobre la distribución de la  renta, es decir, a la política, y por eso no puede ser resuelto solo por los tecnócratas.
Lo que hay detrás de la propuesta de reforma de los 100 es, por lo tanto, una propuesta política que responde a sus preferencias ideológicas pero no una proposición científica.
b) Aunque no se hiciera ninguna reforma legal, de aquí a 2050 o 2060, que es el horizonte temporal que suelen tomar las previsiones en que se basan los 100 economistas, variarían el volumen de empleo, la tasa de actividad y de paro, la parte que los salarios representan sobre la renta nacional y, sobre todo, la productividad.
Si alguna de estas otras variables, o todas ellas, evolucionaran más favorablemente que hasta ahora, el incremento que se produjera en el volumen total de las cotizaciones sería el resultado de que habría más masa salarial y no necesariamente, como dicen los 100, de que hubiera que hacer más esfuerzo para proporcionarlas.
c) Al hacer esta afirmación, los 100 economistas neoliberales manifiestan desconocer el fundamento básico del equilibrio financiero de un sistema de reparto de pensiones y que ha sido señalado, entre otros muchos economistas, por los profesores Fernando Esteve y Rafael Muñoz del Bustillo:
"Es evidente que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB aumentará cuando la pensión media crezca por encima de la productividad, cuando aumente el componente demográfico de la tasa de dependencia, cuando disminuya tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo, o cuando se de la
combinación adecuada en estos factores. Por el contrario, los aumentos del componente demográfico de la tasa de dependencia acompañados de caídas en la tasa de desempleo, aumentos de la tasa de actividad o caídas en la relación p/ , serán compatibles con un crecimiento del gasto en pensiones con respecto al PIB
de menor intensidad, o incluso con un gasto constante en términos de PIB".
Por tanto, no se puede afirmar, como hacen los 100 economistas neoliberales, que el aumento del gasto en pensiones esté exclusivamente vinculado a la evolución Lo que hay detrás de la propuesta de reforma de los 100 es, por tanto, una propuesta política que responde a sus preferencias ideológicas, pero no una proposición científica. demográfica y que en la medida en que ésta suponga un incremento de la tasa de dependencia vaya a ser inexorable que aumente dicho gasto y, por tanto, que vaya a ser necesario el incremento de las cotizaciones sociales.
d) Esa afirmación también es falsa porque se basa en un grave error que cometen estos 100 economistas al no tener en cuenta, sobre todo, los incrementos previsibles de la productividad (es decir, del producto que se obtiene por cada hora trabajada), tal como hemos indicado anteriormente y que hemos expuesto detalladamente en el libro “¿Están en peligro las pensiones
públicas?, Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan” de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, ATTAC, 2010.
Otras simulaciones con escenarios diferentes realizadas por los profesores Esteve y Muñoz del Bustillo en el artículo citado también muestran que no tiene por qué producirse lo que afirman los 100.
e) La afirmación es también incierta porque se puede discutir si es mejor o peor recurrir a otras fuentes de financiación pero no se puede dar como inevitable que se financien solo con cotizaciones sociales. Se puede recurrir a la financiación por la vía de los presupuestos generales y cuando los 100 tratan de demostrar que recurrir a impuestos generales "tampoco resulta recomendable" se basan en medias verdades que comentaremos más adelante.
7. "Para hacer frente al aumento del gasto, sería necesario aumentar significativamente los impuestos generales, tanto sobre la población en edad de
trabajar como sobre la propia población jubilada,  la cual vería así reducido significativamente el poder adquisitivo de sus pensiones".
Esta afirmación no es cierta.
Un aumento de los impuestos generales no tiene por qué suponer una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores o pensionistas puesto que éste depende también de otras circunstancias que pueden modificarse: principalmente, y además de los precios, de la producción global que pueda obtenerse, de la distribución del ingreso, de la naturaleza de los impuestos que se utilicen y de las fuentes de renta que se graven. Además, la categoría de impuestos es excesivamente  genérica pues la medida de obtener fondos
para el estado gravando las actividades especulativas financieras sería una medida muy popular que podría recaudar más de un 1% del PIB destinadas a mejorar las pensiones.
Una vez más, los 100 economistas razonan sin considerar que puedan cambiar otras variables de la que depende el entorno económico general, como si éste
fuese del todo inmutable.
8. "Incrementar los impuestos sobre las rentas del capital tampoco es una opción viable.
El incremento de la imposición  sobre el capital que sería necesario para financiar las pensiones simplemente no es factible, especialmente en un mundo con libertad de movimientos de capital".
Esta afirmación que es un juicio de naturaleza política, puesto que afecta a la distribución de la renta, no es, además, cierta.
a) No es cierto que sea inviable mantener niveles más elevados de imposición sobre el capital. Si fuese así, serían idénticos a los de España en todas las economías, lo que no es cierto.
b) La idea de que no es factible incrementar la imposición sobre el capital en un mundo con libertad de movimientos de capital no es científica:
¿En qué medida es eso así?, ¿no se podrían elevar  nada? ¿es inevitable que en una economía como la española las rentas del trabajo, que representan Un aumento de los impuestos generales no  tiene por qué suponer una disminución del  poder adquisitivo de los trabajadores o  pensionistas puesto que éste depende también de otras circunstancias  que pueden modificarse [...] más o menos el 45% del total, proporcionen el 90% de los ingresos del IRPF? ¿no tienen nada que decir sobre esto los 100 economistas? ¿no ven en ello causa alguna de la desestabilización fiscal que les preocupa?
c) Se puede incrementar la imposición sobre el capital sin detrimento de su utilización si al mismo tiempo se eleva su rentabilidad, lo que podría conseguirse si se amplían el mercado interno en lugar de reducirse y mejores condiciones de demanda, entorno productivo y de competitividad no basada solo en costes
laborales o fiscales para la economía española.
d) La afirmación se basa en aceptar que la libertad de movimientos de capital es una constante. Pero no lo ha sido siempre y no se puede establecer que ahora
vaya a ser inmodificable.
e) No es científico razonar de esa forma. Los 100 economistas deberían demostrar que mantener ese principio y renunciar a la imposición sobre el capital (y no solo a ella) es mejor para la eficiencia, la estabilidad o la equidad y para el sistema de pensiones públicas.
Algo que no se ha conseguido demostrar hasta el momento mientras que sí se ha podido comprobar, por el contrario, que este régimen (favorable principalmente
para los grandes propietarios de capital) está asociado con la inestabilidad financiera y económica y con el incremento en el número de crisis.
f) Existe amplia evidencia por otra parte que es altamente aconsejable no solo regular sino gravar al capital financiero especulativo que puede incluso hacerse a nivel de un país tal como varios países lo están haciendo.
9. "En cualquier escenario de reforma, la solución al problema de la sostenibilidad de las pensiones pasa también por incentivar el ahorro para la jubilación".
Esta afirmación tampoco es cierta.
a) La sostenibilidad del sistema de pensiones públicos no depende de que se incentive el ahorro. Eso ocurre  así en los sistemas (como el que proponen los 100 pero no en todos) en los que la pensión se vincula al ahorro personal pero no en los que se basan en la solidaridad como el de reparto español. De hecho, si los españoles ahorrasen todo lo suficiente para hacer frente a sus gastos una vez que se dejase de trabajar no haría falta  que recurrieran a una "pensión". Eso es lo que le ha pasado siempre a los ricos: no necesitan pensiones porque tienen su ahorro, al igual que no necesitan sanidad pública porque tienen dinero para pagar la privada.
A la hora de hacer su propuesta sobre pensiones, los 100 economistas neoliberales piensan en cuál es la mejor forma de sacar partido al ahorro personal pero no en la que mejor satisface las necesidades sociales cuando no toda la población dispone de ingresos para garantizarse, a través de su ahorro, una jubilación digna.
b) Como hemos mencionado antes, la sostenibilidad de las pensiones pasa principalmente por otros factores: actividad económica, empleo suficiente, distribución de la renta no muy asimétrica en relación con los salarios...
En realidad, esta afirmación responde, como hemos dicho, a la preocupación por optimizar el ahorro personal y se orienta a satisfacer lo que quisiera la banca y
el conjunto de las entidades financieras: que las pensiones no fueran tales sino ahorro acumulado y que eso ahorro lo gestionen ellas. Lo que es más fácil de conseguir si se va debilitando la prestación pública y se logra que las rentas más  elevadas destinen fondos en el sistema privado a complementar su pensión pública.
10. "No es conveniente someter a la sociedad, y en  especial a nuestros jóvenes, a una preocupación e incertidumbre continuas sobre el alcance final y la culminación de la reforma de las pensiones".
Hay que estar completamente de acuerdo con esta afirmación  de los 100 economistas neoliberales.
El problema es que pasan por alto la verdadera causa  que produce preocupación e incertidumbre: ellos mismos y sus análisis siempre catastrofistas y continuamente equivocados.
¿Hay alguna manera más directa de producir incertidumbre y preocupación que presentar a la ciudadanía predicciones agoreras sobre la evolución del sistema público de pensiones que nunca, nunca, nunca se han  cumplido?
¿No tienen nada que decir los 100 economistas ante los  errores continuos que ellos mismos han cometido a la hora de elaborar las predicciones en las que basan su propuesta?
¿No tienen nada que señalar ante la preocupación que generan sus predicciones sobre los déficit del sistema que no se han cumplido en ninguna ocasión?
¿Quién está sembrando de verdad la preocupación y la incertidumbre?
Como han señalado muchos expertos en el sistema de pensiones (que posiblemente nunca leen los 100 economistas neoliberales a tenor de la bibliografía que muestran para argumentar su propuesta), lo que se está
persiguiendo con propuestas como ésta es crear mitos sobre la "insostenibilidad" la "quiebra" o el "hundimiento" del sistema público para crear así la atmósfera que termine por  considerarlas como inevitables por toda la población.
Un indicador del carácter ideológico  del manifiesto es la selectividad en las referencias bibliográficas. Existe una amplia bibliografía de expertos en temas de pensiones  que cuestionan cada una de sus tesis y que no  aparecen en su revisión bibliográfica. No es por lo  tanto un documento científico sino meramente ideológico. Y así debería presentarse en los medios.
11. Como ya se ha hecho en otros países europeos,  la reforma debe ser sustancial y articularse alrededor de tres principios fundamentales:
1. La pensión de jubilación tiene que ser proporcional   a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral.
2. La edad de jubilación debe ser flexible y la pensión debe depender de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
3. Ante nuevos cambios demográficos y socioeconómicos, el sistema de pensiones debe contener elementos de ajuste automático.
Estos principios son muy genéricos y no conllevan reformas que en sí mismas supongan mejorar o empeorar el sistema actual. Como principios su mérito o demérito dependen de la manera en que se interpreten.
Por ejemplo, si detrás de tales principios existe la postura  de reducción de beneficios (en teoría para garantizar su solvencia) entonces estos principios son
profundamente negativos pues su solvencia se puede garantizar por otras medidas. Por otra parte, que la relación de beneficios sea proporcional a las cotizaciones realizadas en toda la vida laboral podrá ser una buena medida o no dependiendo de cómo se interprete cada uno de los términos utilizados en la
frase y el significado de proporcionalidad.
Y, en cuanto a la edad de jubilación, se debe de ser consciente de la mortalidad diferencial que existe en España muy acentuada por clase social. Una persona perteneciente a la decila de renta superior vive diez años más que una persona de la decila inferior. No es justo que esta última trabaje dos años más para pagar las pensiones de personas de rentas y pensiones superiores que sobrevivirán diez años más.
Por último, el manifiesto enfatiza los cambios demográficos  como los determinantes del nivel de pensión, hecho  que hemos mostrado que es erróneo por ignorar otras variables como la productividad, participación en el mercado de trabajo, nivel de salarios, y otros.
12. "Para avanzar en la consecución de la proporcionalidad entre la pensión y las cotizaciones efectivamente realizadas sería necesario:
- Calcular la base reguladora de la pensión utilizando la historia completa de cotización del trabajador.
¿No tienen nada que decir los 100 economistas ante los errores continuos que ellos mismos han cometido a la hora de elaborar las predicciones en las que basan su propuesta?
- Equiparar (con un esquema lineal) todos los años de cotización en la regla que calcula el porcentaje de la base reguladora.
Estas medidas harían compatibles los objetivos de sostenibilidad y de equidad, ya que hacen que las pensiones sean menos sensibles a la posible mala suerte del trabajador en el mercado laboral durante los últimos años de su carrera profesional, eliminando así situaciones poco equitativas que, por desgracia, se han convertido en muy frecuentes durante los últimos años".
Esta afirmación no es cierta por varias razones: a) Como hemos señalado anteriormente, la propuesta se basa en un concepto erróneo y no necesariamente compartido de equidad.
b) La propuesta equivale a incorporar en el sistema elementos típicos de un sistema de capitalización pero haciéndolo de modo subrepticio porque en ella no se mencionan sus inconvenientes, sus costes ni sus efectos finales sobre la pensión  percibida.
c) La propia propuesta afirma  que de esa forma las pensiones son menos sensibles a la posible mala suerte del trabajador al final de su carrera pero ¿y la del principio? ¿y la de las mujeres? ¿y las de las que se distribuyen a lo largo de la vida laboral?
d) Optar por un sistema más o menos basado en la solidaridad puede ser discutible, puesto que no es una opción técnica, sino política, pero lo que no se puede hacer es saltar de un sistema a otro, es decir, cambiar su naturaleza primaria, sin poner sobre la mesa, como hacen los 100 economistas, los costes y beneficios, las ventajas e inconveniente generales que eso entraña.
13. "La pensión debe depender de la esperanza de vida en el momento de la jubilación".
Esta afirmación responde a un deseo o preferencia de los 100 economistas neoliberales pero no es ni una proposición científica, ni cierta, ni rigurosa.
a) En primer lugar, los 100 economistas deberían explicar a la ciudadanía cómo se materializa esta propuesta. ¿todas las personas cobrarían la misma pensión al aplicar la esperanza media? ¿o los 100 economistas saben de algún procedimiento para conocer la esperanza de vida de cada una de ellas?
Por otra parte, el manifiesto confunde esperanza de vida con longevidad. La esperanza de vida de un colectivo puede calcularse si se tiene la longevidad de cada uno de sus componentes. La longevidad, sin embargo, es una característica individual y es de difícil predicción.
b) Además, deberían analizar sus efectos sobre la equidad en los términos en que la definen en otro lugar de su propuesta. Si la esperanza de vida es una media, ¿es justo que se aplique a todos los pensionistas cuando en la realidad cada uno de ellos va a tener una vida efectiva diferente como hemos dicho antes? ¿les preocupa desde el punto de vista de la equidad la mala suerte de algunos trabajadores en la última etapa de su vida laboral y no esta circunstancia?
c) Los 100 economistas ocultan que con esta propuesta lo que hacen en realidad es convertir el sistema de pensiones español de reparto en uno actuarial.
Como hemos señalado anteriormente, se puede estar o no de acuerdo porque insistimos que, en contra de lo que afirman los 100 economistas neoliberales para imponer su propuesta a la población, la opción por un sistema de reparto basado en la solidaridad es política y no técnica. Pero lo que no se puede hacer es tratar a un sistema de reparto como si no lo fuese, o tratar de cambiar su naturaleza por la puerta de atrás. [...] la pensión que deba recibir un jubilado [...] no depende sustancialmente de lo que el jubilado haya cotizado a lo largo de su vida, sino del esfuerzo que toda la sociedad desee hacer para garantizar a toda la población una jubilación digna de que la pensión que deba recibir un jubilado va a depender principalmente de la aportación que hacen al sistema los trabajadores que en ese momento están trabajando. Por tanto, no depende sustancialmente de lo que el jubilado haya cotizado a lo largo de su vida, sino del esfuerzo que toda la sociedad desee hacer para garantizar a toda la población una jubilación digna. Al igual que el servicio sanitario que recibe una persona en un sistema público de salud no depende de que haya cotizado más o menos sino de lo que se haya establecido por la sociedad como servicio al que tienen derecho todas las personas.
d) Los 100 economistas neoliberales modifican el sistema, su filosofía y modo de funcionamiento, pero sin poner sobre la mesa los costes e inconvenientes que el
nuevo tiene. Y, sobre todo, uno principal: la disminución en la pensión que van a sufrir las clases trabajadoras de salario más bajo, las personas con empleo precario o temporal y, en general, las que tienen menos capacidad de ahorro, que son cada vez más a tenor de la evolución de los salarios como consecuencia de la aplicación que, por otro lado, proponen los economistas como estos 100 que hacen la propuesta.
14. "El aumento de la esperanza de vida hace necesario que la vida laboral se prolongue si queremos disfrutar de unas pensiones similares a las actuales".
Esta afirmación tampoco es cierta, como se puede deducir ya claramente de lo que hemos expuesto anteriormente y, desde el punto de vista del diseño de políticas económicas y sociales, es un absurdo que llevaría a considerarlas como completamente inútiles.
a) En realidad, esa afirmación equivale a decir, "si queremos disfrutar de unas pensiones similares a las actuales es necesario que no disfrutemos de las pensiones". Siguiendo el razonamiento que estos 100 economistas neoliberales hacen en relación con las pensiones, habría que decir que para hacer frente al gasto sanitario que va a llevar consigo el incremento de la esperanza de vida se "hace necesario" que los enfermos vayan menos veces a las clínicas y que pasen
más tiempo sanos, para que así el sistema no gaste tanto. Un absurdo, al menos como criterio para diseñar políticas de bienestar.
b) Con independencia de que efectivamente sea bueno incorporar elementos de flexibilidad en la edad obligatoria de jubilación en virtud de que hoy día se envejece en mejores condiciones y más tarde para ciertas actividades laborales, lo que no se puede afirmar es, como ya hemos señalado reiteradamente, que solo la variable demográfica determina el gasto general en pensiones o su cuantía concreta. Si a un alumno de tercero o cuarto de Económicas se le pide que elabore un modelo elemental de equilibrio financiero de un sistema de pensiones para calcular el gasto en pensiones que puede soportar una economía sin generar desequilibrio financiero, y lo elabora contando solo con la esperanza de vida, habría que suspenderlo.
15. "Estas medidas contribuyen igualmente a la sostenibilidad y a la equidad".
Esta afirmación tampoco es cierta. a) ¿Tiene sentido hablar de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas cuando lo que se propone es limitar su alcance?
b) Si los 100 economistas neoliberales que hacen esta propuesta consideran que el sistema de pensiones es sostenible cuando no tiene déficit ¿cómo es que no indican cómo se puede alcanzar esto y se limitan a afirmar que es inevitable actuar sobre el gasto? ¿cómo es que no muestran a la sociedad que hay diversas variables sobre las que actuar? ¿acaso es que ellos no las tienen en cuenta? ¿cómo es que no es refieren a otras políticas sobre el entorno que proporcionen sostenibilidad financiera sin disminuir el gasto?¿por qué dan por hecho que a la sociedad le interesa el ajuste que ellos proponen solo a través del gasto que es
justamente el que beneficia a las clases con más renta y el que perjudica a las que menos ingreso tienen?
c) Solo se puede afirmar que la propuesta que realizan beneficia a la equidad si ésta se entiende como estricta correspondencia entre lo aportado al sistema y lo recibido pero ni siquiera así se puede afirmar que la propuesta sea completamente equitativa porque no hay manera posible de prever todas las contingencias (las "malas suertes") que pueden afectar en la vida activa y en la jubilación a las personas.
d) Los economistas neoliberales que hacen estas propuestas actúan como si fueran depositarios de las preferencias sociales y sus únicos intérpretes. Así lo demuestra uno de ellos, el citado Fernández-Villaverde  cuando afirma:
"Entre subir los impuestos para pagar el 6% adicional  o trabajar dos años más, el bienestar social será más alto trabajando dos años más".
Quien hace una afirmación como esta no parece darse cuenta de que hacer que los trabajadores trabajen dos años más significa un enorme aumento de los impuestos y cotizaciones sociales.
La pregunta que debe hacerse es ¿qué prefiere la población: ir pagando estas cotizaciones, que irán aumentando, consecuencia del aumento del salario y de la productividad y jubilarse a los 65 años, o no incrementar sus cotizaciones sociales y en cambio retrasar la edad de jubilación en dos años, pagando impuestos y cotizaciones sociales por dos años más? O en otras palabras, ¿qué prefiere la población, que se vayan aumentando gradualmente las cotizaciones sociales (resultado del aumento de los salarios y de la productividad) durante cuarenta años y jubilarse a los 65 años, o recibir menos pensiones, retrasar la edad de jubilación dos años y continuar pagando impuestos y cotizaciones sociales durantes dos años más? Toda la información
que tenemos apunta a que la población en la mayoría de países de la OCDE prefiere la primera solución.
e) El concepto de equidad que defienden los economistas que proponen esta reforma neoliberal es radicalmente inaceptable porque no respeta principios elementales como, entre otros, que no se puede tratar igual a los desiguales.
Así, cuando proponen subir la edad de jubilación no tienen en cuenta la desigual situación de las personas ni tienen en cuenta el valor de la solidaridad.
En Estados Unidos, Dean Baker, uno de los economistas que ha trabajado más en el tema pensiones, acaba de publicar un informe (“The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement”. “Center for Economic and Policy Research”. Oct. 2010), en el que analiza el crecimiento de la esperanza de vida en la población estadounidense por nivel de renta para distintas cohortes.
Y muestra que la mayoría del crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 70 años se ha concentrado en las rentas superiores, siendo tal crecimiento relativamente menor en las rentas inferiores. En realidad, Baker muestra que para estas rentas, el alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años significa una reducción considerable de tiempo de jubilación, de manera que tendrán un tiempo de jubilación incluso menor que sus abuelos. No existen datos en España que hubieran permitido hacer estos estudios en cohortes por distintos periodos, pero es muy probable que la situación sea semejante, pues España es, junto con EEUU, el país que tiene mayores desigualdades de renta y mortalidad entre los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo).
CONCLUSIÓN
Como conclusión de esta crítica de la propuesta de reforma de nuestro sistema de pensiones de los 100 economistas neoliberales cabe preguntarse cómo es posible que estando tan manifiestamente llena de errores y lagunas y basada en predicciones erróneas que nunca han coincidido con la realidad, goce de tanta difusión y beneplácito.
Para contestarla creemos que basta con comprobar quiénes son los patronos y financiadores de la fundación que ha presentado la propuesta (FEDEA) y de la mayoría de los estudios que han servido estos últimos años para realizar las predicciones catastrofistas que, como hemos señalado reiteradamente, nunca han sido capaces de corresponderse con la realidad: los grandes bancos y empresas españolas (ver www.fedea.es/002_AcercaDe_MiembrosConsejo.asp).
No tenemos la menor duda de que estos 100 economistas son grandes profesionales, entregados en cuerpo y alma a su actividad y con el deseo de realizar su trabajo de la mejor manera posible, aunque el comportamiento de muchos de ellos, como el mencionado Fernández- Villaverde, a la hora de enfrentarse a la crítica sea francamente altivo e insultante, sin ni siquiera mencionar por su nombre a la persona que lo critica respetuosamente, aunque ésta sea un científico de reconocida reputación mundial, y limitándose a decir de él que sus argumentos son "bastante confusos" y que "no entiende mucho de economía".
La realidad de los hechos es que estos argumentos mantienen tesis que están
equivocadas como resultado seguramente de una causa principal fácilmente
detectable en la documentación científica con que pretenden demostrar el fundamento de sus proposiciones: solo leen y toman en cuenta lo que
confirma sus posiciones teóricas. Desconocen todo aquello que plantea análisis y alternativas diferentes a las suyas. Basta ver la bibliografía que utilizan y citan como apoyo a sus tesis para comprobar que allí no están los autores que realizan otros análisis y llegan a conclusiones distintas. Y así es muy difícil, por no decir imposible, que se llegue a conocer la verdad.
Tampoco es difícil entender cómo es posible que, a pesar de que sus análisis y predicciones siempre fallan (como insistimos que ha ocurrido con TODAS las que han hecho sobre la aparición de déficit en el sistema español de pensiones), sigan gozando de la confianza de sus patronos y financiadores.
Debe ser sin duda un caso único en la actividad profesional: ¿quién seguiría contratando a un ingeniero que siempre falla en sus cálculos, o a un médico a quien se le murieran todos sus pacientes...? ¿no es sintomático que los bancos y las mayores empresas españoles sigan contratando a los mismos economistas que yerran en sus predicciones? ¿no es eso una muestra evidente de que  no buscan conocer la verdad sino difundir las tesis que mejor le convienen para confundir a la población y lograr así que se acepten como inevitables las propuestas que van a incrementar sus beneficios y su poder?
No podemos saber si la intención que mueve a estos 100 economistas neoliberales es coadyuvar a ese objetivo pero lo cierto es que el efecto que producen su propuesta sobre pensiones es muy claro: ponerle las cosas fáciles a la banca difundiendo afirmaciones inciertas y muy poco rigurosas.
Han asumido hasta tal punto la perspectiva de análisis de la banca y del sistema capitalista que incluso su vocabulario lo delata. Así, Fernández-Villaverde, en su escrito mencionado, habla del "riesgo de la supervivencia" o dice que "la mortalidad entre los 65 y los 67 años se ha reducido de manera dramática". Dos lapsus calami, en el mejor de los casos, que muestran la consideración que le dan este tipo de economistas a la vida y al bienestar humano: la de un puro valor actuarial.
La ciudadanía debe ser consciente de que estos economistas están difundiendo auténticos "mitos" sobre el futuro de las pensiones, la expresión es del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La banca trata de hacerse con el ahorro de los trabajadores y de toda la población y para ello procura repetir mentiras hasta la saciedad esperando que a fuerza de repetirlas se conviertan en verdades.
La ciudadanía debe reaccionar, informádonse por  su cuenta y exigiendo más debate público y más pluralidad  en los medios de comunicación.
La ciudadanía debe ser consciente de que  estos economistas están difundiendo auténticos "mitos" sobre el futuro de las pensiones
ATTAC ESPAÑA
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